Blog · Serie Marco legal
Uso de recursos públicos: la línea que separa la gestión de la promoción
Para quien gobierna y quiere competir, este es el terreno más resbaladizo. La Constitución exige imparcialidad y prohíbe la promoción personalizada. El problema es que informar y promoverse se parecen mucho.
Lectura 10 minSerie Marco legalPor Nexun
Una persona servidora pública que aspira a competir enfrenta una tensión estructural: necesita comunicar su gestión, y esa comunicación puede leerse como construcción de candidatura.
El marco constitucional establece dos principios que conviene tener presentes: los recursos públicos deben aplicarse con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia, y la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional, sin incluir promoción personalizada de quien encabeza el cargo.
El principio de imparcialidad
Los recursos que administra una autoridad son públicos y están afectos a un fin. Usarlos —directa o indirectamente— para favorecer una candidatura rompe la equidad de la contienda.
Esto abarca más de lo que suele pensarse. No solo dinero: también personal, vehículos, inmuebles, tiempo laboral y programas sociales. Un empleado público realizando actividades de campaña en horario de trabajo es uso de recursos públicos, aunque nadie le haya pagado un peso adicional.
La promoción personalizada
La propaganda gubernamental debe informar sobre la acción de gobierno, no posicionar a la persona que lo encabeza. Los elementos que suelen encender alertas son reconocibles.
- La imagen o la voz del titular con presencia destacada y sin justificación informativa.
- El nombre propio por encima de la institución.
- Frases que resaltan cualidades personales en lugar de resultados institucionales.
- Elementos gráficos, colores o eslóganes que remiten a una identidad personal o partidista.
Cómo se comunica una gestión sin exponerse
El sujeto es la institución
"El municipio entregó" comunica lo mismo que "yo entregué", y no personaliza. Es un cambio de redacción que reduce el riesgo de manera sustancial.
El dato antes que el adjetivo
Informar cuántas obras, dónde y con qué inversión es información pública. Calificarlas como "históricas" o "sin precedentes" empieza a construir percepción sobre una persona.
Separar canales
Las cuentas institucionales y las personales deben tener contenidos, tonos y responsables distintos. Mezclarlas es una de las causas más frecuentes de queja, y una de las más fáciles de evitar.
Cuidar los periodos sensibles
Durante los procesos electorales existen restricciones adicionales a la difusión de propaganda gubernamental, con excepciones acotadas. Conviene tener el calendario a la vista y planear la comunicación institucional en función de él.
Usar los programas sociales como plataforma. La entrega de apoyos con presencia y discurso de quien aspira a competir es de las conductas que con más frecuencia terminan en procedimiento, y de las que peor se explican públicamente.
El costo reputacional, más allá de lo jurídico
Hay un cálculo que suele ignorarse. Aunque un procedimiento se resuelva favorablemente, la acusación de usar recursos públicos daña un atributo difícil de reconstruir: la honestidad.
En la práctica, el adversario no necesita ganar el caso. Le basta con instalar la duda en el momento correcto. Por eso este terreno se administra con criterio preventivo, no con la pregunta de si algo es defendible.
Para llevarse
- Recurso público incluye personal, tiempo, vehículos e inmuebles, no solo dinero.
- La propaganda gubernamental informa de la institución, no promueve a la persona.
- Separar cuentas institucionales de personales evita la mayor parte de los problemas.
- Los programas sociales son el terreno de mayor riesgo.
- El daño reputacional ocurre con la acusación, no con la resolución.
¿Quieres revisar tu caso con nosotros?
Quiero un diagnóstico GRATIS